Mitos del Embargo Mercantil

Autor: Rodrigo R. González Enriquez.

¿Cómo procede un Embargo Mercantil ?

Observé algunos videos difundidos en redes sociales que llamaron mi atención, son videos hechos por personas aficionadas, sin ningún conocimiento del Derecho mexicano, en los cuales alientan a las personas a no pagar sus deudas que mantienen con establecimientos comerciales como Elektra y Coppel e incluso con los bancos, videos en los cuales se burlan de los embargos judiciales que han sido grabados y publicados en internet.

La gravedad de esta situación está en el hecho de fomentar estas conductas evasivas para no pagar obligaciones financieras personales, en desinformar a las personas que ven estos videos, incluso en dar un paso más, haciendo videos que por el simple título uno se puede dar cuenta del contenido, títulos que enseñan ‘como hacer para no pagar a Elektra para que no te embarguen’ entre otros (ver video) que corren una suerte de ‘tutoriales’ desinformando a la gente y sugiriendo algunos ‘tips’ o pasos a seguir para evitar un embargo y no pagar lo que se debe.

En esta clase de videos, y también así en los videos publicados de embargos judiciales reales, se puede apreciar en específico en los comentarios, una serie de demostraciones masivas de ignorancia tanto de los espectadores como de quienes los han publicado, todos coincidiendo que el embargo es injusto por innumerables excusas y razones. Pero en ningún momento tomando como referente lo que realmente establece la Ley al respecto.

La ignorancia más grande del tema se da cuando las personas confunden un embargo judicial con una sanción penal, o pensando que el embargo consiste en ‘pagar dinero a cualquier escuadrón de policías para meterse a robar a una casa’.

En algunos de los videos que se publican en YouTube y en Facebook se dice respecto de los embargos tanto por quien publica como por los espectadores, mentiras e incoherencias tales como las siguientes:

  1. *Nadie te puede embargar, solamente la PGR (?).
  2. *No pueden entrar a tu casa a embargarte si tú no lo permites.
  3. *El embargo es un allanamiento de morada.
  4. *Sólo te pueden embargar cuando debes más de de $300,000.00.
  5. *El embargo procede después de muchos años de un juicio.
  6. *Si les dices que las cosas no son tuyas, no se las pueden llevar.
  7. *No pueden entrar los policías a tu casa, es un abuso de autoridad.
  8. *No te pueden embargar tu casa porque ahí es donde vives.
  9. *No te pueden embargar si les dices que no te estás negando a pagar.
  10. *El juez debe ir hasta tu casa y debe de llevar una ‘orden judicial’. (Ni siquiera han visto cómo luce un mandamiento judicial o un acuerdo judicial en la realidad).
  11. *No te pueden embargar si no te llegan tres avisos (?).
  12. *Si no está en casa el que debe el dinero, no pueden embargar.
  13. *No te pueden embargar si eres adulto mayor, si tienes alguna discapacidad o si estás enfermo.
  14. *No te pueden embargar cuando no estás trabajando, porque no eres solvente.
  15. *No se pueden meter a la fuerza a tu casa si no autorizas y si no les abres no pueden entrar.
  16. *No te pueden embargar si tienes niños y no te ‘alcanza con lo que ganas’.

Entre otras muchas excusas y razones burdas que rayan en lo absurdo, son las que, quienes hacen estos videos, difunden a la gente fomentando un desconocimiento completo del tema y abundando en la ignorancia. Explicaré en palabras sencillas y en un modo entendible cómo procede un embargo en materia Mercantil y cuál es su razón y finalidad legal.

Un embargo Mercantil vía judicial no es una sanción penal y tampoco es un decomiso de mercancías, es una consecuencia de derecho que la Ley contempla para garantizar el pago de un adeudo.

Desde este momento y para generalizar más en el ejemplo, nos vamos a enfocar al embargo judicial contemplado en materia de comercio, y en el procedimiento que lo origina, y es el Juicio ejecutivo mercantil o el Juicio ordinario mercantil. Básicamente estás figuras legales se contemplan en dos leyes mexicanas, una es el Código de Comercio (ley Federal que regula todos los actos de comercio y los procedimientos ante los tribunales para resolver sus controversias) y la otra es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (ley Federal que establece y regula los requisitos de los Títulos de crédito que son la base para dar inicio a un Juicio, y que para el ejemplo que detallaremos en específico será el ‘Pagaré’).

La rama del derecho que regula esta clase de actos de comercio, es el Derecho Mercantil, dependiendo en cada Estado, los poderes judiciales locales se organizan para dar trámite a estos asuntos ya sea en sus juzgados civiles de primera instancia o cuantía mayor, juzgados civiles de cuantía menor; o en varios estados como ya se está haciendo, juzgados especializados que suelen llamarse ‘Juzgados mercantiles’.

Un pagaré es un documento legal por el cual una o varias personas se comprometen y obligan a pagar una determinada cantidad de dinero a otra persona, en una fecha y lugar ciertos y determinados en el documento independientemente del motivo de ello.

Una característica de los Títulos de crédito es que contienen ‘aparejada ejecución’, quiere decir que pueden hacerse efectivos en juicio y dicha efectividad trae garantía de pago mediante un embargo. El Código de comercio contempla, en lo general y para explicarlo prácticamente, dos tipos de Juicio: el juicio ordinario y el juicio ejecutivo. La diferencia de cada juicio es el momento en el cual puede hacerse efectiva la garantía de pago mediante el embargo. Esto es, en el juicio ordinario el embargo podrá recaer después de una sentencia que resuelve el fondo del asunto; y en el juicio ejecutivo el embargo puede hacerse apenas haya sido admitida a trámite la demanda, aún sin una sentencia de fondo dictada. Para explicar, nos vamos a basar en el juicio ejecutivo, que es el mayormente instado en la práctica mexicana.

Al comprar en alguna de estas tiendas comerciales como Elektra o Coppel, por ejemplificar, se suele otorgar una línea de crédito para llevar determinado producto los llamados ‘abonos chiquitos’ que no son más que pagos parciales en plazos cortos con una tasa de interés adicionada. La empresa le pide firmar un contrato de apertura de crédito para lo cual debe de llevar identificación, su comprobante domiciliario y un aval. Independientemente del contrato de apertura de crédito, entre la documentación que el comprador deberá firmar se encuentra un pagaré por la cantidad total del producto vendido crédito, que específica los pagos semanales que el comprador deberá cubrir y como fecha de vencimiento en el pagaré se especifica que a la falta de cualquier pago parcial el documento podrá exigirse en su totalidad, con los intereses que hayan sido pactados en el mismo. Esto no es otra cosa más que una fecha de vencimiento, la cual al actualizarse, en este caso el acreedor, que es la tienda, podrá cobrarlo y hacerlo efectivo ante un Juzgado que conozca de la Materia.

Al momento de ser firmado el pagaré, las empresas suelen pedir al deudor que lleve a un aval con su identificación, el aval es un deudor solidario y cabe aclarar la importancia de esta figura, puesto que muchas personas por compromiso de amistad acceden fácilmente a ser aval de otros sin conocer lo que ello implica. El aval como deudor solidario significa que en algún momento si la empresa decide hacer el cobro judicial del documento, puede decidir accionar judicialmente contra el deudor, contra el aval o contra ambos al mismo tiempo, puesto que el objetivo es el pago de la cantidad que se pacta en el documento, sin importar en qué proporción y en qué orden deben de pagar tanto el deudor como el aval.

Por tanto, se abre la posibilidad de que el aval, desde un primer momento pueda ser objeto del procedimiento mercantil así como del embargo en sus bienes, sin importar el orden de a quién se cobre primero; muchas veces quienes son avales tienen la falsa idea de que solamente deben de pagar ‘la mitad’ o que solamente deben pagar cuando se agota la posibilidad de cobrar al deudor principal, lo cual es falso,el aval se constituye en un mismo grado de deuda que el deudor principal, es decir, si el tenedor del pagaré (la empresa) decide demandar y embargar solo al Aval y no hacer nada en contra del deudor principal, está en todo su derecho de hacerlo y es procedente.

Al incumplir el deudor en sus pagos, la empresa se constituye en accionante dando inicio al procedimiento judicial ante el juzgado mercantil mediante una demanda que contiene requisitos que especifica el Código de comercio y adjuntando también el pagaré físico, el cual queda en resguardo del Juzgado que conocerá del asunto. A partir de este momento la empresa o la persona que aparece como endosatario o propietario del documento se convierte en ‘Actor’ (en México está mal empleado el término ‘demandante’, es incorrecto y no existe en la legislación mexicana). Y el deudor se convierte en demandado. Hay que aclarar que es una demanda de naturaleza mercantil y en ningún momento es penal. También cabe aclarar que no existen las ‘demandas penales’, sino denuncias penales. El Juzgado en el expediente dicta una respuesta o ‘auto’ que admite a trámite la demanda, ordena se requiera de pago al demandado o al aval, y de no pagar se les embarguen bienes suficientes de su propiedad para garantizar el adeudo, mismo que se llama Auto de Mandamiento de Ejecución o Exequendo.

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En la demanda se ofrecen las pruebas y se hace una narrativa de los hechos, cabe aclarar que la prueba principal es el pagaré mismo y es una prueba ‘preconstituida’, esto quiere decir que por sí misma acredita la existencia de la obligación del deudor de hacer pago al acreedor, independientemente del motivo por el que se haya decidido que el deudor firmara ese pagaré.

El actor en el Juzgado hace las gestiones necesarias y los trámites para preparar una visita al domicilio del deudor, la cual la hará en compañía del actuario o ejecutor del juzgado que es un fedatario público que representa al Juez y tiene la facultad legal de requerir de pago y en su caso embargar, se encarga de cumplir las determinaciones del Juzgado.

Al llegar al domicilio del demandado, el ejecutor requerirá de su presencia y de no encontrarse, le dejará citatorio para que lo espere al siguiente día en el domicilio, de acudir al cumplimiento del citatorio y no presentarse el demandado o rehusarse a hacer pago, se entenderá la negativa y oposición del mismo a pagar, y el actor estará en posibilidad de solicitar el uso de la fuerza pública así como rotura de cerraduras para embargar y garantizar el pago del adeudo.

Cabe aclarar, esto último puede hacerse desde la primera visita en el domicilio, es decir, no es necesario esperar los supuestos ‘3 avisos o los avisos’ que incorrectamente refiere la gente. Desde la primera visita si es voluntad del demandado, puede permitir el embargo de bienes para garantizar el adeudo los cuales son señalados en primer término por el propio demandado y de negarse, por el actor. En la práctica, son pocos los casos, pero los hay, en los cuales el demandado permite el embargo sin el uso de la fuerza pública, es decir, sin la presencia policiaca, para garantizar la totalidad de la deuda o una parte del mismo. La finalidad de la presencia policiaca es, permitir que se cumpla el mandamiento del juez y se permita el ingreso al domicilio, la sustracción de los bienes y el resguardo de la integridad del actor (quien debe de estar presente en la diligencia) así como del ejecutor y los participantes como cargadores o cerrajero.

De darse el caso contrario, el actor hará los trámites necesarios en el Juzgado para solicitar el uso de la fuerza pública y el Juzgado enviará un oficio a la corporación policíaca que corresponda para solicitar su auxilio el día que se deba realizar el embargo (cabe aclarar, dependiendo de la hostilidad y de la gravedad de la situación amerite por parte del demandado o compañía, puede estarse en la posibilidad de emplear fuerza pública de mayor nivel que una Policía municipal, porque el Juzgado emite mandamientos judiciales, el requerimiento de pago es un mandamiento judicial es una orden del Juez y debe de cumplirse, y la resistencia a ello puede ameritar el incremento de la presencia policiaca así como el uso de otras corporaciones como la policía estatal, policía ministerial, policía federal, gendarmería, guardia civil o incluso el auxilio de elementos del ejército o de la marina, aunque pueda parecer increíble, para asegurar la realización del embargo).

Es perfectamente legal y no se incurre en ningún allanamiento de morada, precisamente para ello está ahí el ejecutor o el actuario y tienen fe pública, exactamente la misma fe pública que podría tener un Notario Público o un Secretario de Juzgado, para dar testimonio de lo que ocurre y de la legalidad de cada paso que se dé durante el operativo. La resistencia del demandado, de sus familiares o de terceras personas, incluyendo vecinos o amigos a permitir el embargo, pueden acarrear el uso de los elementos policiacos para retenerlos momentáneamente, inmovilizarlos o subirlos a las unidades e inclusive presentarlos ante el ministerio público ante la comisión de delitos como lesiones, amenazas, injurias y ultrajes durante la Diligencia judicial del embargo, lo cual es completamente legal.

La Diligencia se entenderá con el deudor demandado o la persona que se encuentre presente (en caso de no haber acatado el citatorio prevuo que debiera djar eñ Actuario del Juzgado), y esa parte tendrá en primer lugar, el derecho para pagar la cantidad adeuda y en caso de no hacerlo, señalar los bienes que se embargarán, si tampoco lo hace, ese derecho pasa al actor, quién podrá señalar cualquier bien que se encuentre en el domicilio o inclusive según el monto del adeudo puede señalar bienes inmuebles para garantizar el adeudo.

Entre otros bienes que no son susceptibles de embargo se encuentran los instrumentos básicos de trabajo, algunos muebles como la cama y la mesa, y los juguetes siempre y cuando no sean de lujo. entre otras cosas; de ahí en fuera prácticamente todo lo que sea susceptible de tener un valor en el comercio es embargable (incluyendo el dinero en efectivo encontrado, joyas, obras de arte, acciones de empresa e incluso un porcentaje del salario del deudor, para lo cual se envía el oficio respectivo a la fuente de empleo para que proceda a hacer el descuento respectivo).

Normalmente en estos momentos es cuando el demandado o las personas que se encuentran presentes, aseguran falsamente que los bienes no son propiedad del demandado, ellos deben de demostrarlo, tienen la carga de demostrar mediante una factura (no es documentable una nota de venta o un ticket; en específico debe de tratarse de una factura con sus requisitos) si este documento no es presentado señalando que el bien es propiedad de otra persona, el bien puede ser embargado por el actor. Inclusive hay ocasiones en que pueden ser embargadas las mascotas o animales los cuales se denominan ‘semovientes’, el cuidado y los gastos de alimentación se pueden cobrar al propio demandado.

Al momento de concluir el embargo, el ejecutor debe dar al demandado copia de la demanda y documentos anexos, copia del auto que ordena el requerimiento y embargo, también se le emplaza a Juicio, es decir, se le da la oportunidad legal para que acuda ante el Juzgado mercantil a presentar su escrito de contestación y si lo considera necesario, a defenderse y presentar sus excepciones (son cuestiones jurídicas que acreditan la no existencia de la obligación de pagar el documento, por ejemplo: presentar un comprobante de pago por el importe total de ese adeudo, es decir una excepción de pago, por la cual se acredite que el pagaré ya había sido pagado en su totalidad anteriormente).

Cómo se puede apreciar en este breve esbozo de lo que es un Embargo en un Juicio ejecutivo mercantil, cada paso que se da es debidamente regulado por las Leyes mexicanas de la materia. No se trata de un operativo a capricho, sino de una serie de consecuencias legales que implica el dejar de pagar una deuda de carácter comercial, y el desconocimiento actual que tiene la gente ante ello.

Mi recomendación a la población es el no dejarse llevar por estos vídeos y por las explicaciones burdas que dan los amigos o los vecinos, que como ya se mencionó, sin ningún conocimiento de Derecho, se difunden ideas que mal informan y enseñan a la gente a ser irresponsables en el cumplimiento de sus obligaciones, algo tan simple que se puede resumir en el planteamiento que, si se pide prestado se debe, se tiene que pagar, existe la obligación legal y personal de hacerlo, y de decidir no hacerlo existen las consecuencias.

Un embargo al deudor o a su aval no es una injusticia, ni un abuso. Es simplemente una consecuencia de Derecho para proteger el patrimonio del acreedor.

⭕ Carpe Diem

Rodrigo González Enríquez

Abogado Postulante

 

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