Es conocido por todos que desde la constitución de 1857 el gobierno mexicano describió algunas políticas y estrategias para acercar la educación a la población, declarándola LIBRE.
Este derecho no se logró de manera pacífica, fue consecuencia de una serie de luchas sociales derivadas de un movimiento independentista y de la búsqueda de la igualdad social, resultado a su vez, del ejemplo observado en el viejo continente y su población contra los reinados absolutistas, ~un perfecto ejemplo es la frase célebre de José Martí: “Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre”~.
En el artículo 3o constitucional del año 1917, se redactaba el tema de la educación en el país como un precepto jurídico que le daba una figura más accesible, reconociéndola como LAICA y OBLIGATORIA, resultado de nuevo, de luchas sociales contra un gobierno que se transformó en clasista y tirano y donde se buscaba incluir a la educación como uno de los pilares fundamentales en la fusión de los grupos sociales (acompañada por los derechos a la tierra y al trabajo); sin embargo aún no se otorgaba como un derecho humano intrínseco.
Es hasta los años de 1934, 1946 y 1950 que comienzan una serie de reformas que encaminan a la educación, no solo como laica y obligatoria, sino también como GRATUITA, enmarcándola con la definición de «educación básica» en los niveles de primaria y secundaria, ~con un tinte “socialista”, donde no solo se excluía la enseñanza bañada de doctrinas religiosas, sino también combatiendo el fanatismo a través del uso de la razón y la ciencia~.
Posteriormente en reformas de 1992 y 1993, la obligatoriedad se extendió al preescolar y el nivel medio superior, pero se inició también una ola de ambigüedad en cuanto a las instituciones que se dedican a la educación (incluyendo doctrinas religiosas) y a la responsabilidad del Estado de garantizar dicho derecho a TODOS los mexicanos.
Es aquí cuando inicia una terrible disminución a la importancia de la educación en el país, al derecho que debería tener todo el pueblo a la educación, a la obligación de garantizar este derecho. Entonces surge otra vez una marcada división social, el Estado al no poder sufragar su obligación, permite la creación desmedida de Instituciones particulares que le ayuden con su trabajo, ya no es lo mismo lo que aprenderán los mexicanos en cada nivel educativo, ahora será evidente la ENORME diferencia educativa dependiendo del estrato social en el que te encuentres, ~lo que ya ha sucedido~.
Y entonces lo impensable llega: el alto total a toda actividad social, económica, laboral y educativa, la pandemia nos obliga a frenar al país y la educación pública en todos los niveles no se encuentra preparada para la “NUEVA NORMALIDAD”, donde el Estado no solo debe otorgar educación al pueblo, también debe ser de manera tecnológica, usando los medios de comunicación, incorporándose al mundo digital que llevaba más de 4 décadas en el mundo nada más.
Aquí es donde notamos que ni logramos hacer de la educación un derecho intrínseco, tampoco gratuito y mucho menos podemos aspirar a hacerlo obligatorio, ~considerando que gran parte de los niños, niñas y adolescentes tuvieron que abandonar los estudios para tratar de llevar comida a sus casas~.
México es un país que camina cojeando, pues uno de sus pilares sigue sin sostener a su pueblo, el Estado nunca lo ha visto como prioridad, a pesar de que la historia le ha comprobado que es la única manera de garantizar la estabilidad en el resto de los temas sociales, políticos y económicos.
La clase política prefiere ser ciega y negarnos el derecho a ser un PUEBLO CULTO, LIBRE Y PODEROSO, ~a pesar de ser la educación quien les daría aún más riquezas de las que ya disfrutan~.
⭕ Lic. Edith Jiménez Iniesta
Docente en Historia
Rúbrica Legista 