Se considera que de 1820 a 1910 en México se desataron más de 50 epidemias, sin embargo las leyes no contemplaban el tema con suficiente seriedad por lo precario de los avances de la Ciencia en ese entonces, en las constituciones de 1824 y 1857 existía un departamento de salubridad cuya única tarea era establecer precios, controlar farmacias y dar un breve listado de las normas sanitarias, pero sin considerar realmente la problemática social que pudiera haber en materia de salud pública.
Con el movimiento revolucionario, la Constitución de 1917 reconocía dos organismos encargados de asegurar la salud nacional, sumándose otros derechos en la concepción de la seguridad social, pero sin ser suficiente para atender las necesidades de la población
Aún no nos quedaba claro qué es el derecho a la salud, que debiera ser considerado no solo como una garantía a ser curados de una enfermedad, sino también el derecho a la prevención. Implicando una mayor protección al ser humano y un mayor compromiso económico y administrativo por parte del Estado.
Y la historia pone en tela de juicio, una vez más, la capacidad de nuestras leyes e instituciones al enfrentarnos a un nuevo reto de salud, que es aún más alarmante por su condición mundial. La pandemia que nos ha ensombrecido desde marzo del 2019 nos refleja otra vez el nulo interés del Estado por encausar su atención a temas realmente importantes.
Nace en la población una gran preocupación porque no existen leyes suficientemente justas, que protejan nuestras necesidades reales, como el trabajo, la salud, la educación. Elementos que en el grueso de los habitantes ya no son cubiertos y mucho menos asegurados dejando como un sueño imaginar una buena calidad de vida, o al menos básica.
Sin embargo, y sin minimizar la enorme responsabilidad que el Estado no ha podido cumplir a través de los años en nuestro país, es urgente también hacernos ver a todos los que vivimos en esta comunidad, en este país, en este planeta que, mientras nosotros no seamos capaces de seguir conscientemente las leyes y las medidas de seguridad, mientras creamos que ser individuos no implica que cada decisión nuestra impacta al resto, mientras actuemos con necedades e intransigencia, aún con las mejores leyes y con una carta magna digna de admiración por ser el mejor escudo de nuestros derechos humanos, no existirá forma de proveernos aquello que todos merecemos: una vida digna.
⭕ Lic. Edith Jiménez Iniesta
Docente en Historia
Rúbrica Legista 