El Tedio en los Juicios Agrarios

Autor: Adrián Nente Palma

La Ley Agraria y su necesaria actualización en su contexto procesal.

La legislación agraria actual no establece la obligatoriedad de que las partes acudan asistidas por un defensor para darle celeridad al procedimiento y apegarse a los principios rectores contenidos en el artículo 17 Constitucional de prontitud, celeridad, completitud e imparcialidad.

La Ley Agraria de 1992 está integrada por 200 artículos, los cuales expresan actividades del sector agrario. Su parte sustantiva comprende de los artículos 1 al 162 y la parte adjetiva está constituida de los artículos 163 al 200. La parte adjetiva es el objeto de nuestro tema aquí expuesto, pero en esta ocasión solamente nos enfocaremos al artículo 179.

En términos generales, el proceso agrario representa un instrumento de Justicia Social para todas aquellas personas consideradas por la norma como campesinos; por lo cual consideramos importante que la Ley Agraria debe ser revisada de manera detallada y profunda para adecuarla a las exigencias actuales a fin de que sea vea reflejada en una impartición de justicia pronta, completa e imparcial basada en la observancia irrestricta de los derechos humanos.

La Ley Agraria, en algunos de sus preceptos jurídicos, NO precisa de forma clara aspectos esenciales del proceso. Por tal motivo consideremos relevante hacer un análisis a su artículo 179, que refiere de manera textual lo siguiente:

“Artículo 179. Será optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensión del procedimiento, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozará de cinco días, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento.”

Durante la tramitación del Proceso Agrario, y en especial durante el desahogo de la audiencia de ley, el Secretario de Acuerdos hace constar la asistencia de las partes y sus respectivos defensores, es en este momento procesal cuando en la mayoría de las veces el Secretario de Acuerdos da cuenta al Magistrado de que una de las partes (generalmente el demandado) se encuentra presente pero sin la debida representación legal; por tanto, el Magistrado acuerda se suspenda el procedimiento y se difiera para una nueva fecha, así mismo ordena se gire oficio al Delegado de la Procuraduría Agraria a efecto de que asigne un defensor a la parte que no tiene defensor jurídico, mismo que deberá comparecer en la próxima fecha de audiencia fijada.

En la nueva fecha señalada para el desarrollo de la audiencia de ley, comparecen el autor y el demandado, ambos con la asistencia de su defensor legal, pero en siguiente audiencia, en uso de la palabra el defensor jurídico de la parte demandada, solicita se difiera la audiencia en términos del artículo 179 de la Ley Agraria, manifestando que es la primera vez que se tiene contacto con su representado y desconoce el asunto que se ventila en el Tribunal Agrario, lo anterior para poder llevar a cabo una mejor defensa legal; motivo por el cual nuevamente se difiere la referida audiencia agraria por un término de hasta tres meses según la agenda de audiencias programada que llevan los Tribunales Agrarios y es cuando la discrecionalidad de las partes de acudir asesoradas o no a la audiencia de ley se vuelve un obstáculo y retraso en la impartición de justicia agraria, además de violentar los principios de prontitud, justicia completa e imparcial.

No obstante esto puede suceder en cualquier etapa del proceso agrario, toda vez que no hay disposición expresa en la legislación agraria que obligue a las partes de acudir a las diligencias con la debida asistencia de un defensor legal y mucho menos de una sanción procesal; situación que aprovecha cualquiera de las partes para que se retarden el proceso agrario, esto además hace que el sistema de justicia agraria en nuestro país sea demasiado costoso y lento.

Estos son algunos aspectos que propician la lentitud en el proceso agrario generando como consecuencia el retardo en el desarrollo del proceso que puede prolongarse en varios años, provocando gastos excesivos para las partes y al propio Tribunal. En materia agraria la suspensión de actuaciones procesales provoca considerables retrasos en la impartición de justicia.

Para el desarrollo de un proceso ágil se requiere el esfuerzo de las partes procesales y de la actualización de la Ley Agraria, de esta manera tendríamos un nuevo proceso basado en juicios cortos, expeditos que evitaran gastos excesivos al actor, demandado y el Tribunal Agrario. Esto mediante la actualización de la Ley Agraria mediante la modificación de algunos preceptos jurídicos que precisan el desarrollo del proceso agrario.

Al respecto, considero relevante reformar de manera substancial el Título Décimo de la Ley Agraria para establecer expresamente, de manera clara y eficaz, las modalidades a seguir dentro del proceso agrario obteniendo una impartición de justicia pronta, expedita y eficaz satisfaciendo las exigencias del sector rural.

La opinión aquí sustentada se fundamenta en un tema bien conocido por los agraristas basado en un problema actual, el cual se presenta todos los días en los diversos Tribunales Unitarios establecidos en cada entidad federativa, por lo que considero relevante transformar el proceso agrario para mejorar la calidad procesal e impartición de justicia dotada de prontitud, eficacia plena y respeto a los derechos humanos.

⭕ Carpe Diem

M en D. F. Adrián Nente Palma

Abogado Postulante

☎️ 0447224231943

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