A 20 años de aceptar la Jurisdicción Interamericana de la CoIDH en México.

Autor: Raúl Díaz Rodríguezimg_20190324_0042101828193091.jpg

El pasado 24 de febrero, se cumplieron dos décadas de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho trascendental en el que el Estado Mexicano aceptó la Jurisdicción Internacional de la región en materia de Derechos Humanos.

Efectivamente, México dio un paso importante en la protección jurisdiccional de estos derechos al traspasar las fronteras de su legislación interna, dejando de conformarse en su salvaguarda, únicamente con el Juicio de Amparo, que, por cierto, encontró cabida formal en la Constitución Yucateca de 1841, cuyo artífice fue Don Manuel Crescencio Rejón.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma de la OEA, cuyo objetivo principal es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los otros tratados del Sistema Interamericano” (Castañeda, 2018, p. 152).

No obstante que desde el siglo XIX contábamos con esa Institución Jurídica Histórica como importante medio de control de la constitucionalidad, el paso de las décadas dio cuenta que no ha sido, es y será suficiente en la protección de los derechos humanos, tan es así, que se tiene la opción –de reunirse los requisitos de procedibilidad– de recurrir a la instancia interamericana para reclamar Justicia por la vulneración de los derechos esenciales.

Recuerdo bien a juristas con pensamiento tradicional, quienes afirmaban como un absurdo el que nuestro país aceptara la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH), porque ello atentaba en contra del principio de soberanía; cabe precisar, que la incursión de México al ámbito internacional ha sido y es un tema de elección y no de subordinación, acorde al artículo 133 de nuestra Ley Fundamental.

La resolución tomada por nuestra nación, significa que acepta –en ejercicio de su soberanía– someterse al procedimiento jurisdiccional del órgano interamericano de Justicia en todas aquellas demandas impuestas por los mexicanos para reclamar por una violación de sus derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos; para la admisibilidad será necesario que se hayan agotado previamente los recursos procesales internos y que la violación del derecho sea posterior al reconocimiento dado por el Estado a la Corte. (García, 2000, pp. 9-10).

No es que el Juicio de Amparo haya quedado agotado, sea rebasado o se encuentre en decadencia por la simple aceptación de la competencia de la CoIDH, por el contrario, encontramos en esta jurisdicción supranacional un fortalecimiento en los mecanismos de protección de los derechos humanos respecto de su extensión en el “Pacto de San José”, como también se le conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional al que se vinculó el Estado Mexicano el 24 de marzo de 1981.

A partir del depósito del instrumento de aceptación de la CoIDH ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la plena Jurisdicción Interamericana, tomó especial relevancia por el escrutinio al que se somete México. No cabe duda que esta intervención jurisdiccional obliga a las instituciones del Estado a un cambio de paradigma en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Respecto a los hechos ocurridos con posterioridad el 16 de diciembre de 1998, el Estado mexicano puede ser objeto de demandas ante la Corte Interamericana por parte de la Comisión Interamericana, en el supuesto de que ésta considere que dichos hechos, si son realizados por agentes gubernamentales o son tolerados por éstos, puedan constituir violaciones de los Derechos Humanos consagrados por la Convención Americana cuando sean objeto de una denuncia o de una reclamación de carácter individual. (Fix-Zamudio, 1999, p. 32)

Por ejemplo, han sido las violaciones y tortura sexual de las Mujeres Víctimas del caso Atenco y las desapariciones forzadas por elementos de la seguridad pública (ciudadana) y de los cuales el Gobierno de México ha sido declarado culpable.

El hecho de conmemorar 20 años de la competencia de la CoIDH, significa por un lado, que la internacionalización del derecho en las diferentes latitudes de América es una realidad y no hay marcha atrás, salvo las excepciones que las propia uniformidad internacional señala para tal efecto; hoy día no es válido que bajo el principio de la libre autodeterminación de los pueblos las instancias jurisdiccionales al interior de los Estados sean las últimas en conocer violaciones a los derechos humanos que su población reclame, cuando en muchos casos la justicia es cuestionable.

Las instancias jurisdiccionales en el ámbito internacional como la interamericana, representan para los ciudadanos lato sensu una alternativa para hacer valer los derechos consagrados en el “Pacto de San José”, por constituirse esta convención en una ampliación a los derechos de mujeres y hombres.

Por otra parte, tiene especial sentido la incursión internacional de México en la jurisdicción interamericana, pues si bien es cierto que al adherirse al “Pacto de San José” en consonancia con el principio del derecho de los tratados conocido como pacta sunt servanda (Hay que cumplir los pactos), también lo es que para cumplir a cabalidad con la convención era insuficiente la “buena fe”, pues el compromiso quedaba incompleto y con el riesgo de caer en una simulación, por lo que era inminentemente necesaria la aceptación de la competencia contenciosa como en líneas anteriores se ha descrito.

“La seguridad de las relaciones internacionales estaría comprometida si se dejase a la voluntad de las partes el cumplimiento o incumplimiento de los pactos” (Seara, 2005, p.71).

Desde el depósito del instrumento de aceptación a la fecha conmemorativa, la CoIDH ha resuelto 13 casos contenciosos en contra del Estado de Mexicano, es decir, un promedio de poco más de una sentencia cada dos años, lo que hace ver la importante actividad que en este sentido realiza esta institución judicial, sin dejar de mencionar las 45 medidas provisionales que en dicho periodo la instancia interamericana ha solicitado a nuestro país.

La Corte Interamericana posee dos atribuciones esenciales:

  1. una de naturaleza consultiva sobre la interpretación de las disposiciones de la Convención Americana, así como las de otros tratados relativos a los derechos humanos en los Estados americanos. Pueden realizar consultas los Estados miembros y los órganos competentes de la OEA.
  2. La segunda atribución es de carácter jurisdiccional o contenciosa, conoce y decide casos litigiosos en los que se alega que un Estado Parte ha violado uno o más de los derechos y libertades protegidos por la Convención Americana. Para la aplicación de este supuesto, el Estado Parte tiene que haber reconocido dicha competencia de la Corte (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2005, p. 63).

Hablar de la CoIDH con relación a México, conlleva a señalar la importante función jurisdiccional que en ella han desarrollado destacados juristas nacionales, representándonos como jueces de gran reconocimiento y que además, la han presidido; sobresalen los dos periodos de Héctor Fix Zamudio en la Presidencia, el primero de ellos de 1990 a 1993 y el segundo de 1994 a 1997; de igual forma, Sergio García Ramírez se desempeñó como Presidente de 2004 a 2007, y en la actualidad, esta alta responsabilidad recae en Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot desde hace poco más de un año.

Hasta aquí mi participación que a manera de notas referenciales, constituyen sólo el panorama general de una Corte Interamericana cada vez más influyente en la vida nacional, respecto de la salvaguarda de los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En una próxima oportunidad, abordaré los casos específicos que han dado un giro de 180 grados al sistema jurídico mexicano.

⭕ Carpe Diem

Lic. Raúl Díaz Rodríguez

  • Servidor Público de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, (mayo 1999 – diciembre 2006). *Defensor Municipal de Derechos Humanos de Toluca (diciembre 2006-diciembre 2009). *Consejero Suplente del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México; Cargo honorífico (diciembre 2010-diciembre 2013). *Jefe del Departamento de Quejas, Denuncias y Situación Patrimonial de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Toluca (abril 2011-enero 2013).
  • Líder de Proyecto “A” adscrito a la Dirección General de Administración el Poder Judicial del Estado de México (Cargo actual)
  • Docente en licenciatura de diferentes Escuelas e Institutos de Derecho en el Valle de Toluca (Desde 2001 a la fecha).

BIBLIOGRAFÍA

~García Ramírez, S. (2000). Admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de México (1ª ed.). México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Fix-Zamudio, H. (1999). México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2ª ed.). México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
~Seara Vázquez, M. (2005). Derecho Internacional Público (22ª ed.). México: Porrúa.
~Castañeda, M. (2018). El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su recepción nacional (2ª ed.). México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
~Ramírez de Arellano, D. B. (Coord.). (2005). Vida internacional de la CNDH (1ª ed.). México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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